Confinamiento por «Covid-19», ¿ Legal o ilegal?

El popular Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus dos prórrogas aprobado por el Congreso, ha traído consigo la prohibición generalizada y restricción de permanecer o desplazarse en lugares públicos fuera de las excepciones permitidas, todo ello bajo la amenaza de denuncia  de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y posterior sanción, obligando a los ciudadanos a permanecer en sus hogares como medida del Gobierno para minimizar el riesgo de contagio y propagación del coronavirus-19. Pero, ¿ es legal el confinamiento domiciliario?

Una simple lectura del art.11 de la vigente Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que regula los estados de alarma, excepción y sitio  evidencia que no. El precepto enumera las situaciones para las que da cobertura la vigencia de un estado de alarma, enumerando entre ellas la limitación de la circulación y permanencia en lugares determinados o condicionándolas al cumplimiento de ciertos requisitos.  Una interpretación literal del precepto lleva a la conclusión de que obligar a permanecer a los ciudadanos en sus domicilios en tales circunstancias no está dentro de la facultades que la meritada Ley otorga al Gobierno para hacer frente a la pandemia, ya que obligación y limitación son términos distintos. Cabe recordar que el derecho a la libertad deambulatoria está adjetivado como un derecho fundamental en el art. 17.1 de la Constitución Española, y únicamente atacable bajo circunstancias excepcionales, previstas y tasadas.

Resultará interesante conocer los próximos pronunciamientos judiciales que se dicten al respecto, y que a mi humilde entender, pondrán en serias dudas la legalidad de algunas de las facultades que el Gobierno se ha arrogado hasta la fecha so pretexto de control de la crisis sanitaria. Presunción que parece coger fuerza a la vista de una reciente sentencia de la Sala 1ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón,  que anula la decisión de  la Subdelegación del Gobierno de prohibir una manifestación, y cuyo fallo cuenta con un voto particular de uno de sus Magistrados, planteando cuestión de inconstitucionalidad del Decreto 463/2020 en lo relativo a las limitaciones a la libertad de circulación.